Durante los últimos días, Colombia ha sido sacudida por la publicación de unos audios filtrados por el diario El País de España en los que se escucha al excanciller Álvaro Leyva hablar de manera explícita sobre la necesidad de “sacar” al presidente Gustavo Petro del poder. En la grabación, cuya autenticidad no ha sido desmentida por el propio Leyva, se hace evidente la intención de orquestar un complot con múltiples actores políticos y sociales, desde sectores armados ilegales hasta congresistas y representantes de la extrema derecha nacional e internacional. La gravedad del asunto no radica solo en la existencia del audio, sino en su contenido: un político tradicional, símbolo de la élite conservadora, habla abiertamente de la destitución de un presidente elegido democráticamente, al tiempo que sugiere que la vicepresidenta Francia Márquez estaría lista para asumir el cargo en medio del caos. Este hecho, lejos de ser un desliz verbal, parece responder a una lógica premeditada en la que se busca aprovechar las fisuras internas del gobierno para debilitarlo desde adentro.
En los audios se menciona también a figuras como Vicky Dávila y Miguel Uribe, quienes han sido parte de reuniones recientes con actores externos como el congresista estadounidense Mario Díaz-Balart, el mismo que días después de encontrarse con ellos publicó mensajes señalando que Petro es un drogadicto que no debe seguir en el poder. Las piezas comienzan a encajar cuando se recuerdan las declaraciones públicas del propio presidente, quien ha advertido insistentemente que hay un golpe de Estado en marcha. Según él, este golpe no se limita al sabotaje institucional, sino que también incluiría atentados, intentos de envenenamiento y campañas para declararlo incapaz mentalmente de gobernar. Estas no son teorías aisladas ni delirios de persecución: se han vuelto hipótesis que merecen atención seria, pues los hechos las respaldan.
Mientras tanto, la vicepresidenta Francia Márquez ha respondido con un llamado a la Fiscalía para que investigue los hechos. Sin embargo, esto no despeja del todo las dudas ni apacigua los cuestionamientos sobre su rol político. Que Leyva la mencione como posible sucesora y que su figura haya sido promovida desde sectores cercanos a Cambio Radical en el Cauca, sumado a las críticas por su débil gestión como vicepresidenta y como ministra de Igualdad, abren un debate incómodo pero necesario. Pedirle explicaciones no es misoginia, ni machismo, ni racismo. Es una exigencia democrática frente a hechos graves. Su silencio o su defensiva frente a estos temas sólo ahonda la sospecha y debilita la confianza. El país merece claridad.
Lo que se perfila no es solamente una maniobra política, sino un intento sofisticado de desestabilización del gobierno progresista actual. Una conspiración que involucra alianzas entre sectores de ultraderecha, poderes económicos tradicionales, exfuncionarios, medios de comunicación y actores extranjeros. Es la oligarquía reacomodándose para impedir, una vez más, que el país avance hacia transformaciones reales. No es nuevo: Colombia ha estado históricamente dirigida por élites que no conciben el poder como un mandato ciudadano, sino como un derecho hereditario. La democracia solo les sirve cuando ganan. Cuando pierden, conspiran.
Lo más preocupante de este panorama es que puede abrir dos caminos igualmente peligrosos: uno, que la ruptura entre Petro y Francia se profundice, lo que sería aprovechado por los conspiradores para dividir a sus votantes rumbo a 2026; o dos, que se confirme la complicidad tácita o explícita de la vicepresidenta en el intento de golpe, lo que fracturaría el campo popular y aniquilaría las posibilidades de un relevo progresista creíble. Ambas situaciones alimentan el mismo monstruo: el regreso de los mismos de siempre al poder, esta vez no por las urnas, sino por el sabotaje sistemático. Que nadie se equivoque: esto no es un simple escándalo más, es una amenaza real a la democracia colombiana.
Hay que estar alerta sobre la necesidad de que la Fiscalía actúe con celeridad y transparencia, que la sociedad civil se mantenga vigilante, y que se tomen las medidas necesarias para proteger la institucionalidad. No podemos permitir que el poder vuelva a cambiar de manos por las vías del chantaje, la presión externa o las componendas entre bambalinas. Este momento exige lucidez, firmeza y valentía. La historia nos juzgará si callamos.
__________
*Comunicador social con énfasis en educación de la Universidad Santo Tomás, magister en comunicación – educación con énfasis en cultura política, investigador del doctorado en estudios sociales de la U Distrital en la línea Subjetividades, diferencias y narrativas; énfasis en cuerpos, tecnociencias y digitalización de la Vida. Autor del libro Youtube como ecosistema comunicativo; actualmente es docente de la Universidad Pedagógica Nacional en Bogotá, Colombia.
Comentarios
Publicar un comentario