El 11 de junio en Cali, el presidente Gustavo Petro firmó el decreto presidencial que convoca a una consulta popular para el próximo 7 de agosto de 2025. Una decisión de gran calado democrático que, sin embargo, ha recibido una cobertura mediática tibia, desinformada o incluso sesgada. Una vez más, la gran prensa nacional parece más interesada en alimentar las tensiones políticas que en explicar los contenidos de fondo que afectan directamente a millones de trabajadores colombianos.
La consulta busca que la ciudadanía decida sobre aspectos clave de la reforma laboral, como la remuneración de las horas nocturnas y dominicales, el contrato de aprendizaje del SENA o la restitución de derechos laborales históricamente recortados. Es decir, no se trata de una simple jugada política, sino de una iniciativa para devolverle protagonismo al pueblo en las decisiones que lo afectan directamente. Sin embargo, los principales medios no han destacado estos puntos sustanciales, sino que han centrado su atención en deslegitimar la figura del presidente y el mecanismo constitucional activado.
En efecto, los titulares han replicado sin mayor análisis los discursos de sectores políticos que califican el decreto como un “decretazo”, pasando por alto que el presidente actuó dentro del marco constitucional. La consulta popular es un mecanismo legal y legítimo contemplado en el artículo 103 de la Constitución y desarrollado por la Ley Estatutaria 134 de 1994. Si el Congreso se ha negado sistemáticamente a tramitar una reforma con criterios técnicos y sociales, el Ejecutivo tiene la facultad de acudir a la ciudadanía. Más aún cuando, como lo han señalado juristas, el proceso legislativo estuvo plagado de vicios de trámite, incluyendo una votación cerrada de forma exprés y sin resolver recusaciones válidamente interpuestas, como la de la senadora Pizarro, posteriormente respaldada por una orden judicial.
Lo que tampoco se dice —o apenas se menciona en voz baja— es que el mismo Congreso, que había archivado la reforma con argumentos políticos más que técnicos, la “revivió” en una jugada oportunista, justo antes de que se votara la consulta, con el fin de bloquear su realización. Así, se dice que la consulta es innecesaria porque “ya se está tramitando” una reforma, pero se omite que esta “nueva” versión es una especie de mini-reforma, desprovista de los elementos esenciales que llevaron a Petro a la presidencia y que movilizaron a sectores laborales y sociales durante años.
Ahora bien, el destino de la consulta depende de dos vías claras: por un lado, el examen de constitucionalidad que deberá hacer la Corte Constitucional, garante del Estado de Derecho, que será quien determine si el decreto está dentro del marco de la Carta Magna. Y por otro, la aprobación o no, antes del 20 de junio, de la reforma “revivida” en el Congreso. Si esta reforma logra recuperar los derechos laborales que fueron desmantelados en años anteriores, recoge el espíritu de la propuesta original y responde a lo que exigen millones de trabajadores colombianos, el propio presidente ha dicho que no sería necesario realizar la consulta. De lo contrario, el proceso sigue en pie.
Ante esto, la cobertura mediática se ha limitado a reproducir el escándalo artificial promovido por los opositores, sin contextualizar el proceso, sin explicar la normativa que lo sustenta, y mucho menos sin abrir espacios para que se escuche a los verdaderos protagonistas: los trabajadores y trabajadoras del país. Se habla de costos, de ilegalidades, de campañas anticipadas, pero no se menciona que el Congreso ha tenido cuatro años para legislar en favor de quienes los eligieron y no lo ha hecho. ¿Quién está pasando entonces por encima de quién?
La crítica política es válida, pero la omisión sistemática de información y el tratamiento superficial de un hecho político de esta magnitud es irresponsable. La consulta no es un “capricho”, como han querido presentarlo algunos sectores, sino una respuesta legítima ante un Congreso paralizado por intereses particulares, que ha demostrado estar más al servicio de financiadores y lobbies empresariales que de la ciudadanía.
En vez de alarmarse porque el presidente podría "hacer campaña", ¿no sería más productivo que los senadores se sumaran a defender una reforma laboral digna, como también lo pueden hacer desde su fuero político? ¿No sería más democrático que se diera el debate en las calles, en las plazas, en los medios, con argumentos, y no con desinformación o censura editorial?
La consulta popular, si se realiza, representará el más alto nivel de participación ciudadana. Ojalá la prensa nacional esté a la altura del momento histórico. Por ahora, parece más interesada en hacer eco del ruido que en informar al pueblo. Y ese, sí que es un verdadero atentado contra la democracia.
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