Brubukanina, Catatumbo. — La comunidad Barí, ancestral guardiana de las tierras del Catatumbo, ha alzado su voz una vez más para denunciar el olvido estatal y las violaciones a sus derechos fundamentales. En una Asamblea Permanente realizada en la comunidad Brubukanina, la Nación Barí declaró estado de alerta por la grave crisis humanitaria que atraviesa su territorio, marcado por la presencia de actores armados y la ausencia de respuestas del Gobierno Nacional.
"Estamos cansados de promesas incumplidas y de ver cómo nuestras tierras son invadidas sin nuestro consentimiento. Nuestra gente sufre y el Estado sigue sin escucharnos", expresó uno de los líderes Barí durante la sesión extraordinaria de la Mesa de Diálogo e Interlocución, amparada en la Resolución 0769 de 2022 del Ministerio del Interior.
El pronunciamiento de la Nación Barí resalta el reiterado incumplimiento del Gobierno Nacional a las órdenes de protección territorial emitidas por la Corte Constitucional en sentencias como la T-880 de 2006, T-052 de 2017 y T-498 de 2023. Esta falta de acción ha intensificado la vulnerabilidad de la comunidad frente a la violencia armada, con crímenes de lesa humanidad registrados en las últimas décadas.
Pese a la implementación del "Pacto por el Catatumbo" y la declaratoria de Estado de Conmoción Interior (Decreto 062 de 2025), el pueblo Barí denuncia su exclusión de estos procesos de diálogo, donde se ha privilegiado la interlocución con organizaciones campesinas sin garantizar la consulta previa, libre e informada a la comunidad indígena. "Queremos participar de las decisiones que afectan nuestro territorio. No pedimos favores, exigimos respeto y cumplimiento de la ley", subrayó una autoridad tradicional.
Entre las principales demandas, la Nación Barí exige la presencia inmediata de representantes gubernamentales con capacidad de decisión antes del 21 de febrero, para establecer acuerdos que garanticen el respeto a sus derechos territoriales, culturales y espirituales. La comunidad también insiste en la necesidad de desminado humanitario y la no militarización de su territorio, pidiendo tanto a actores legales como ilegales que cesen su presencia armada.
"Nuestra Madre Tierra, Chiyi Ishtana, está siendo herida. Queremos un territorio de paz, donde nuestros niños crezcan sin miedo y nuestras tradiciones sigan vivas", afirmó una mujer Barí, con la mirada fija en las montañas que han sido testigo de siglos de resistencia.
Aunque se reconoce la presencia de la Unidad para las Víctimas, el apoyo humanitario de la Gobernación de Norte de Santander y el acompañamiento de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP-OEA), la Nación Barí insiste en que estas acciones son insuficientes frente a la magnitud de la crisis.
El llamado es urgente a los entes de control y organismos internacionales de derechos humanos para verificar el cumplimiento de las obligaciones del Estado colombiano. De no ser escuchados, la comunidad advierte que recurrirá a acciones políticas, jurídicas y espirituales para defender su territorio y garantizar la vida y dignidad de su pueblo.
En el corazón del Catatumbo, el eco de la resistencia Barí sigue resonando, recordando que la paz no puede construirse ignorando a quienes han habitado estas tierras mucho antes de que las fronteras fueran dibujadas.
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