Adoctrinamiento ideológico, libertad de cátedra y autoritarismo

Hace unas semanas, los senadores del Centro Democrático, Álvaro Uribe y Fernando Araujo, a través de redes sociales y de un video publicado en YouTube, borrado posteriormente, aseguraron, entre otros asuntos, que el gremio de docentes (específicamente los que pertenecen a Fecode) “adoctrina” a los estudiantes de colegios públicos. 

 Profesor de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas 

Juan Carlos Amador 

Imagen tomada de internet

El proyecto de ley a través del cual se pretende sancionar a los profesores que realicen “proselitismo político dentro de los planteles educativos” o usar las áreas del conocimiento “para incitar discusiones políticas”, presentado por el representante a la Cámara del Centro Democrático, Edward Rodríguez, durante las dos últimas semanas fue objeto de debate en varios medios de comunicación, en redes sociales y en las propias instituciones educativas. 

Más allá de las salidas en falso y la pobre argumentación del representante Rodríguez, a propósito de debates sobre la libertad de cátedra con académicos, periodistas y otros congresistas, el represivo proyecto contempla sanciones a aquellos profesores que “manipulen” estudiantes o padres de familia “para obtener apoyos en sus ideologías políticas y aprovecharse de su condición de docente o directivo para coaccionar a los alumnos a adoptar su ideología, candidato o programa político” (sic). 

 El proyecto de ley establece que, con un primer llamado, el profesor será suspendido hasta por 24 meses, tiempo en el que no recibirá salario. Si el profesor “reincide”, será retirado del servicio, se le cancelará la tarjeta profesional y deberá pagar una multa hasta por 25 salarios mínimos. Según el representante Rodríguez, las secretarías de educación deberán realizar las investigaciones disciplinarias y tendrán que suspender de sus funciones al profesor o directivo.

Luego de un tiempo preciso, tendrán que establecer la culpabilidad o inocencia del sindicado a partir de pruebas que suministren los estudiantes, por ejemplo, grabaciones de audio o video captadas por celular en el aula. En las nefastas declaraciones del congresista del Centro Democrático, al ser interrogado sobre el diagnóstico o la línea de base utilizada para la formulación de esta iniciativa, entre nervios y cinismo aseguró que cuando fue estudiante de un colegio oficial los profesores lo inducían a participar en las marchas del Magisterio por la defensa de la educación pública y que no faltaba el docente que le ofrecía beneficios, como “pasarle la materia”, si participaba en estas actividades. A modo de ejemplo, se puede ver la emisión del programa Semana en Vivo del 21 de febrero de 2019 ¿Está en peligro la libertad de cátedra en Colombia? El errático proyecto tiene pocas probabilidades de ser aprobado en el Congreso. 

De hecho, al terminar esta columna el senador Uribe (empleando su consabido cálculo mediático y electoral) manifestó a algunos medios de comunicación que, aunque los profesores sí hacen adoctrinamiento político, lo cual es preocupante, no apoyará por ahora la iniciativa dado que no está de acuerdo con las sanciones de la propuesta. 

Por otra parte, si en un escenario adverso el Congreso aprobara esta ley, difícilmente la Corte Constitucional la ratificaría. No obstante, más allá de la atención que captó el congresista con un tema que no deja de atraerle a muchos, quizás como artilugio para bajarle la intensidad a las críticas surgidas por el inconsulto Plan Nacional de Desarrollo o la posible objeción presidencial a la ley estatutaria de la JEP, es necesario analizar cómo surgió esta iniciativa legislativa, qué dice la Constitución y la ley al respecto, y qué hay detrás de este interés por direccionar los modos de pensamiento y acción de los profesores en el ejercicio de la docencia. Inicialmente es necesario tener en cuenta lo que antecedente a esta iniciativa. 

Hace unas semanas, los senadores del Centro Democrático, Álvaro Uribe y Fernando Araujo, a través de redes sociales y de un video publicado en YouTube, borrado posteriormente, aseguraron, entre otros asuntos, que el gremio de docentes (específicamente los que pertenecen a Fecode) “adoctrina” a los estudiantes de colegios públicos, que “el adoctrinamiento político es el primer paso para cualquier dictadura, lo hizo Stalin, lo hizo Hitler y lo hizo Chaves y Maduro”, y que “(…) apoyan un régimen narcoterrorista que le fascina matar y enjaular a los estudiantes (…)”. No hay duda de las relaciones entre estas declaraciones y lo planteado por el representante Rodríguez en su proyecto de ley y sus opiniones, especialmente si se tienen en cuenta varias coincidencias entre palabras y justificaciones, por ejemplo, “adoctrinamiento” e “ideologías políticas”. 

En esta dirección, quizás sea bueno que el partido de gobierno, antes de formular proyectos relacionados con la educación básica y media, tenga en cuenta que existe una larga historia de normas educativas en Colombia y que, en medio de sus diferencias, desde 1991 éstas coinciden en respetar la libertad de cátedra y formar de manera reflexiva y contextualizada a los estudiantes. Veamos: En primer lugar, la Constitución Política, en su artículo 27, declara que el Estado garantizará las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra. De hecho, en la sentencia T-588/98, la Corte Constitucional señala: “La función que cumple el profesor requiere que éste pueda, en principio, en relación con la materia de la que es responsable, manifestar las ideas y convicciones que según su criterio profesional considere pertinentes e indispensables, lo que incluye la determinación del método que juzgue más apropiado para impartir sus enseñanzas”. 

Cuando se es profesor no se adoctrina a los estudiantes, se acude a la autoridad moral y a la legitimidad intelectual para llevar a cabo fines formativos. El profesor se prepara a lo largo de su vida para que sus estudiantes, en libertad, decidan y construyan conocimientos y puntos de vista propios (Rancière, 2007). Esto exige conectar el conocimiento de las asignaturas con el mundo de la vida, sus contextos y problemáticas, así como leer críticamente la realidad local, nacional y mundial. Por esta razón, la Corte admite que estos propósitos le otorgan al profesor un margen de autonomía que la Constitución considera crucial proteger y garantizar. 

 En segundo lugar, el partido de gobierno no puede desconocer que la ley 115 de 1994 (Ley General de Educación), en el artículo 20, dentro de los objetivos generales de la educación básica, declara: a) Propiciar una formación general mediante el acceso, de manera critica y creativa, al conocimiento científico, tecnológico, artístico y humanístico y de sus relaciones con la vida social y con la naturaleza (…); d) Propiciar el conocimiento y comprensión de la realidad nacional para consolidar los valores propios de la nacionalidad colombiana tales como la solidaridad, la tolerancia, la democracia, la justicia, la convivencia social, la cooperación y la ayuda mutua. Estos, entre otros postulados de la ley, dieron orientaciones precisas para que el Ministerio de Educación Nacional construyera a lo largo de los siguientes veinte años una serie de referentes curriculares, como los llamados lineamientos curriculares, estándares de competencias básicas y derechos básicos de aprendizaje, entre otros. 

En las orientaciones curriculares de cualquier área del conocimiento, en medio de las limitaciones que algunas tienen, se respeta la autonomía del profesor para orientar su trabajo pedagógico y se imparten orientaciones para que éste relacione los dominios del conocimiento específico con las realidades del mundo natural, físico y social. Dado que el proyecto de ley excluye de las sanciones a los profesores de ciencias sociales, sería importante que los promotores de la iniciativa revisaran los estándares curriculares de competencias en ciencias, lenguaje o matemáticas para corroborar que estos documentos oficiales justamente exigen que el profesor articule el saber científico con las realidades y problemáticas que afectan a la sociedad y a las comunidades, en las que desde luego están presentes los estudiantes. 

A modo de ejemplo, si un profesor de ciencias naturales, a propósito del estudio de la hidrología y las especies nativas del Bajo Cauca, propone a sus estudiantes relacionar estos conceptos con el reciente desastre ambiental de Hidroituango, así como los responsables (entre ellos parte de la clase política y empresarial del Centro Democrático, entre otros), ¿esto sería adoctrinamiento político? Si un profesor de matemáticas, a propósito de las exigencias curriculares estatales sobre el desarrollo del pensamiento estadístico, invita a sus estudiantes a analizar las consecuencias de la eliminación de los subsidios de las tarifas de energía al estrato 3 (2,8 millones de usuarios) que se proyecta en el Plan Nacional de Desarrollo del partido de gobierno, a partir del estudio comparativo de las facturas de los hogares de los estudiantes, así como sus efectos en la economía familiar, ¿se estaría adoctrinando a los estudiantes? Si un profesor de Ética y Valores plantea a sus estudiantes la interpretación de la situación de los vendedores informales frente a la aplicación implacable del Código de Policía, así como las disímiles posiciones entre el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Defensa del partido de gobierno, ¿sancionaría al profesor? ¿lo tendría que investigar la Secretaría de Educación respectiva? Sería bueno que la ministra de educación, María Victoria Angulo, se pronunciara al respecto. Hasta el momento ha brillado por su ausencia en este debate. 

 Por último, esta coyuntura trae a colación la historia de algunos regímenes autoritarios, los cuales no solo implementaron estrategias de eliminación física de los opositores, sino también mecanismos conducentes a excluir la diferencia desde la educación y la cultura. Por esta razón, a propósito de las alusiones de Uribe y Araujo a las dictaduras, es bueno recordar que el régimen nazi inculcaba a través de las aulas el odio a los judíos y a otros pueblos llamados “razas bastardas”, parasitarias e incapaces. 

Además de censurar libros de literatura, programas de radio y materiales de entretenimiento, los nazis introdujeron libros escolares que infundían el amor a Hitler, la obediencia a la autoridad del Estado, el militarismo y el racismo. Algo similar hizo Videla en Argentina hacia 1977, cuando su ministro de educación, Juan José Catalán, diseñó y distribuyó la directiva ministerial titulada Subversión en el ámbito educativo. 

Conozcamos a nuestro enemigo. El tenebroso documento afirmaba que el “accionar subversivo” se desarrollaba a través de maestros ideológicamente captados, quienes incidían sobre las mentes de los pequeños alumnos fomentando “el desarrollo de ideas o conductas rebeldes”. También aseguraba que existía una “notoria ofensiva marxista en el área de la literatura infantil” y que el mayor peligro residía en inducirlos a no tener miedo a la libertad, a querer, a pelear y a “afirmar su ser” (Ministerio de Cultura y Educación de Argentina, 1977). Las coincidencias saltan a la vista.