Tomado de: www.razonpublica.com
Este programa favorece el acceso a la educación superior de calidad a un pequeño grupo de estudiantes, pero perjudica a las universidades públicas y se concentra en Bogotá. Aquí están los remedios con sus debidas justificaciones.
Julián De Zubiría*
Buen recibo y descontento
Desde hace unos meses cursa en el Congreso un proyecto de ley –que ya surtió el primer debate en la comisión de la Cámara– para convertir el programa Ser Pilo Paga (SPP) en política de Estado.
Sin embargo la semana pasada salieron a la calle marchas gigantescas de estudiantes y docentes para pedir su reestructuración y más presupuesto para las universidades oficiales. ¿Por qué un programa que tuvo tan buena acogida inicial es hoy el centro del debate de la política en educación?
La explicación es sencilla. El programa fue muy bien vendido como una estrategia para apoyar a los estudiantes de menos recursos que alcanzaban excelentes resultados en las pruebas de Estado. La combinación de la estrategia publicitaria con el reconocimiento a un Estado que parecía hacer un gran esfuerzo por garantizar la educación de jóvenes de Sisbén 1 y 2 fue bien recibida por los colombianos.
Dos grandes críticas
Sin embargo, durante el segundo año de funcionamiento de SPP se conocieron dos hechos que hicieron cambiar la posición de grupos cada vez más amplios.
1. Por una parte se supo que los jóvenes seleccionados ingresaban a universidades privadas. En 2015 el 98 por ciento de los recursos del programa se desplazó a las privadas, y en 2016 y 2017 el porcentaje bajó al 85 por ciento gracias a un indispensable ajuste contable que se hizo para reconocerles a las universidades públicas el costo total del estudiante y no el valor que pagaría si el estudiante ingresara a título individual.
En todo caso, durante los tres años que lleva el programa, el 85 por ciento de los estudiantes ha elegido universidades privadas. Y este es uno de los puntos más controversiales, ya que los defensores de SPP suponen que da lo mismo que los estudiantes ingresen a una universidad pública que a una privada, mientras los críticos afirmamos que la educación es un derecho y que, por tanto, el Estado debe esforzarse por ampliarlo de manera progresiva.
La experiencia de los tres años nos dio la razón a los críticos. Una y otra vez los “pilos” tienden a elegir las universidades privadas. Esto sucede porque, contrariamente a lo que dicen sus defensores, no existe competencia entre ellas y en el imaginario colectivo hay una enorme ventaja a favor de las privadas, aunque las pruebas de valor agregado dejan mejor ubicadas a las universidades oficiales. Por lo tanto la elección de los estudiantes no obedece a un criterio de calidad, pero gracias a esa elección el programa ha producido una transferencia masiva de recursos del Estado hacia el sector privado.
2. Por otra parte los costos del programa SPP están cerca del billón de pesos para 2018, y estos recursos permiten atender tan solo a los 40.000 estudiantes ya vinculados. Ante unas universidades públicas con un déficit creciente y con una infraestructura evidentemente deteriorada, el estudiantado colombiano ha venido coreando la consigna “Ser pilo no paga si la pública se acaba”. Y tienen toda la razón.
El programa ha producido una transferencia masiva de recursos del Estado hacia el sector privado.
El déficit de las universidades públicas se debe esencialmente a que las transferencias que reciben de la Nación crecen de acuerdo con el índice de precios al consumidor, pero sus gastos lo hacen a un ritmo superior ya que:
- Ha aumentado significativamente la cantidad de estudiantes;
- Han aparecido posgrados con costos superiores a los pregrados, y
- Los salarios de sus docentes se han elevado dada la exigencia de doctorados y publicaciones.
Un dato adicional fue divulgado por las asociaciones de profesores: hasta 2015 las universidades públicas recibían el 100 por ciento de los recursos del Impuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE), pero en 2017 solo recibieron el 33 por ciento porque Ser Pilo Paga y el ICETEX obtuvieron el otro 67 por ciento.
Con esto quedó en evidencia que el gobierno no tenía los recursos para sostener SPP y por eso usó los recursos que eran para las universidades públicas. Por tanto el programa sí está desfinanciando la educación oficial universitaria, algo que no quieren reconocer sus defensores.
¿Y el derecho a la educación?
El país debe entender que estamos ante un intento de modificar el sistema que garantiza el derecho a la educación en Colombia. Varias voces que desde hace tiempo han denigrado y estigmatizado a la educación oficial han clamado para que los recursos se giren directamente a los usuarios para que ellos “elijan”, en lo que se conoce como modelos de subsidio a la demanda.
En Estados Unidos bajo Trump la política ha sido la misma, con el resultado de que los colegios y las universidades oficiales se están asfixiando económicamente. Para llevar a cabo esta contrarreforma Trump nombró como secretaria del ramo a Betsy Devos, quien afirma que la educación pública es “un sistema hermético, una industria resistente al cambio, un mercado cerrado […] un monopolio, un callejón sin salida”. Por ello propone tomar los recursos de la educación pública y trasladarlos a entidades religiosas y con ánimo de lucro que presten el “servicio educativo”.
En Colombia no hemos llegado tan lejos, pero para allá vamos si no reaccionamos a tiempo.
En un reciente debate público incorporé un nuevo y esencial argumento a favor de la universidad pública: las pruebas realizadas por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) permiten concluir que las universidades oficiales agregan más valor que las privadas de mayor calidad porque sus estudiantes tienen un nivel promedio significativamente más bajo cuando ingresan a la universidad. Además, es esta la razón por la cual no alcanzan el mismo nivel que las universidades privadas en las pruebas SABER Pro.
Si tenemos en cuenta que el gobierno transfiere a las universidades públicas entre 3 y 11 millones de pesos por alumno cada año y que hoy un “pilo” le cuesta 22 millones, la conclusión es que el Estado está pagando entre dos y siete veces más por cada “pilo” que va a una universidad privada, aunque la calidad educativa que reciben no es mayor.
La evaluación del programa
El Departamento Nacional de Planeación (DNP) contrató a la entidad que creó el programa –la que convenció al MEN de llevarlo a cabo y la que más se ha beneficiado con él– para llevar a cabo el único estudio que se conoce sobre él. Eso no debería permitirse en una democracia, pero desafortunadamente así es Colombia.
Dicha evaluación encontró que SPP mejoró la calidad de las instituciones a las que ingresaban los estudiantes y que garantizaba el estudio de jóvenes que antes no llegaban a la universidad. Este resultado es totalmente obvio, ya que si se les brindan condiciones tan favorables los estudiantes sin recursos necesariamente van a ingresar a las mejores universidades.
El gobierno no tenía los recursos para sostener SPP y por eso usó los recursos que eran para las universidades públicas.
Planeación también ha insistido en un supuesto impacto positivo sobre la calidad y para ello se basa en el leve aumento de 6 puntos sobre 250 registrado en 2017 en las pruebas SABER 11°. El error del DNP es creer que se puede explicar este pequeño incremento con un solo programa cuando el MEN tiene en curso más de cuarenta. Solo teniendo en cuenta que los aumentos son similares para los grados quinto y noveno podríamos concluir que tal variación no debería atribuirse a SPP, ya que en esos grados no funciona el programa.
Política de Estado, pero reestructurada
La conclusión es clara: Ser Pilo Paga es muy positivo para los beneficiados y, dada la escasez de recursos, la ampliación del derecho a la educación debe comenzar por los estudiantes con mejor balance, de manera que se consolide progresivamente.
Aun así es necesario que SPP se reestructure, pues tal como está no es conveniente para el país, para la equidad ni para la democracia. En este sentido haría falta tres ajustes:
- A partir de ahora todos los “pilos” deberían ingresar a universidades oficiales. Esta es una oportunidad excelente para consolidar la educación oficial y no debería desaprovecharse en una democracia. Tampoco es conveniente que el billón de pesos que costará el programa en 2018 se invierta en otras actividades.
- Deberían seleccionarse algunas universidades regionales que quieran fortalecerse académica y financieramente y apoyarlas por medio de SPP. La paz implica robustecer las regiones, y tampoco podemos perder esta oportunidad para consolidarla.
- Los 30.500 estudiantes que tiene el programa actualmente deben permanecer en las universidades que han elegido, pero debería garantizarse una financiación parcial por parte de estas.
Si se cumplen estas tres condiciones el programa debe permanecer y convertirse en política de Estado.
Sin duda existen excelentes universidades privadas en Colombia, pero como sociedad debemos aceptar que estas deben gestionar directamente sus recursos y encontrar a sus propios estudiantes. No es sano para una democracia que las universidades privadas les quiten recursos públicos y algunos de los mejores alumnos a las universidades oficiales.
* Director del Instituto Alberto Merani y consultor en educación de Naciones Unidas. blogpedagogiadialogante.com
@juliandezubiria
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