Sin más preámbulo, dejo en este escrito los argumentos para mostrar, una a una, las inconsistencias de la nota Editorial de El Espectador “La inconveniente revocatoria de Enrique Peñalosa” (01-04-17), aceptando la invitación presentar una iniciativa de “contra editorial”.
Sea lo primero indicar que la revocatoria y el voto programático (al que no hace alusión el Editorial) son cara de la misma moneda que fueron incorporada al ordenamiento constitucional, hace un cuarto de siglo, para evitar los desmanes de la inconformidad ciudadana canalizada por un mecanismo pacifico y, por otro lado, para disuadir a la costumbre de los políticos irresponsables de hacer demagogia prometiendo lo que no se puede cumplir o engañando (como se hizo en el plebiscito) al elector. Por lo anterior, como reza en los documentos Constituyentes, voto programático y revocatoria van de la mano.
Segundo, la nota mencionada, (a destiempo), hace alusión a los intentos de los contradictores políticos del ex alcalde Gustavo Petro de intentar revocarlo pero, con inocultable calculo político, la nota de El Espectador deja por fuera la evidente razón de que a Gustavo Petro lo pretendían destituir por cumplir con el Programa de Gobierno que había inscrito según los mandatos legales y que, como quedó demostrado, golpeaba los privilegios de poderosos contratistas que, amangualados con una mayoría en el Concejo, usaron “todas las formas de lucha” para evitar que Petro sacara adelante la propuesta de la Bogotá Humana, incluida la obra del metro subterráneo, hoy nuevamente aplazada por un anuncio de “metro alto y esbelto”, que no cuenta con los estudios de detalles que ordena la ley, denunciados en varios debates por el Concejal Hollman Morris.
Tercero: oponerse a la revocatoria con el argumento de que “causa desgastes” y “distrae los recursos y por ende sabotea los proyectos de ciudad…”, como dice El Espectador, sea lo primero decir que un aparente desgaste lo produce la dinámica ciudadana camuflando la verdadera razón que los distintos comités han argumentado como lo es el engaño de Peñalosa a la ciudadanía. En ese asunto esencial, el Alcalde Mayor faltó a la verdad (incluido el falso doctorado), es la esencia que respalda, legalmente, la revocatoria. Por supuesto se debe llenar el requisito de la recolección del respaldo ciudadano y se debe ganar con la mayoría en las urnas. ¿Acaso no es esta un camino para tramitar un conflicto (natural entre dos visiones de modelo de desarrollo urbano) de manera pacifica? Por otra parte, reconocer que se distraen los recursos públicos en la revocatoria, sin eufemismos, es poner al desnudo que la administración de Peñalosa usará la plata pública para contrarrestar la iniciativa ciudadana, asunto abiertamente ilegal. Deben los organismos de control, los nacionales que no son de bolsillo del alcalde poner la lupa sobre estos dineros, sobre todo los usados en gastos de publicidad y comunicaciones.
Finalmente, intenta la nota Editorial de responsabilizar de la “polarización” a los promotores de la revocatoria pero, nuevamente el silencio, no dice nada sobre el abandono de Peñalosa de los lineamientos de lo establecido en los distintos Planes Maestros (incluido el de la movilidad), poniendo patas arriba el esfuerzo continuo (como el de Medellín) que venía haciendo Bogotá, repito, sobre todo en un proyecto como el metro subterráneo. Ojala, se promuevan Foros para develar las mentiras y los negocios de Peñalosa, motivos suficientes para una conveniente revocatoria.
Bogotá D.C. 5 de enero 2017
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