Jonatan Garzón Ángel
Carta de Derechos Humanos en que se especifica en su
artículo 3 “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la
seguridad de su persona.”
Artículo 5 “Contra la tortura y los malos tratos”,
Artículo 8 “Toda persona tiene derecho a un recurso
efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra
actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por
la ley.”
Código de policía, Artículo
1º: “La
policía está instituida para proteger a los habitantes del territorio
colombiano en su libertad y en los derechos que de ésta se derivan, por los
medios y con los límites estatuidos en la Constitución Nacional, en la ley, en
las convenciones y tratados internacionales, en el reglamento de policía y en
los principios universales del derecho”
…No
importan ni el delito, ni la ley, igual, “tengo miles de demandas y aquí estoy”[1]
 |
| Imagen tomada de internet |
Pese al
cubrimiento de los medios de comunicación, más que una víctima del uso
indiscriminado de la fuerza por parte de la Policía Nacional, Camilo se
convertido en un muerto de nadie, ni la evidencia, ni los testigos fueron
suficientes para que apareciera el policía que le disparó, no se dio
explicación alguna a los familiares, pero tampoco fue reconocido por los medios
masivos de comunicación. El crimen no tuvo un proceso legal coherente con la
gravedad de los hechos, que constituyen, de acuerdo al código penal, ligado a
la constitución del país; una violación de los derechos humanos.
Camilo no vuelve a casa
Como lo hacía todos
los días, apenas llegó de trabajar, Camilo Salgado, sacó a su cachorrita
pitbull a pasear cerca a su casa, sin embargo, por los incrédulo ante los
disturbios de los que le había hablado su hermano en la tarde, previniéndole
para que no pasara por el parque central, pues allí era donde se estaba
conglomerando la gente. El sonido de las motos invadía todo el barrio, y al ver
la caravana de policía motorizada, que se colaba por cada cuadra, Camilo cambió
el recorrido habitual. La avenida principal quedaba a unas ocho cuadras del
parque central, y fue allí donde decidió
ir a ver por qué se hacía tanto escándalo; al igual que él, muchas otras
personas se reunieron allí para ver lo que estaba ocurrido, el lugar estaba lo
suficientemente lejos para guardar distancia, pero igual de suficiente, para
ver de forma clara a las personas que estaban en el parque central. Camilo se sube a un bolardo para poder ver
entre la multitud de personas que se reunieron en menos de diez minutos, las
cámaras de seguridad registraron la forma como llega la gente, de distintas
partes, como también muestra el momento en que empiezan a salir corriendo en
todas direcciones cuando ve que una docena de motos de la policía, con agentes
del ESMAD, arremeten contra ellos, y disparan gases lacrimógenos. Solo uno de
los policías baja de la moto y apunta contra Camilo, que no se bajó del bolardo
porque la cachorrita Pitbull que sacó, asustada por los gritos y la gente
corriendo, se escabulló entre las personas; Camilo hace un chiflido para
llamarla, da la espalda, alza la mirada, se toca la cabeza desesperado, hasta
que una ráfaga de fuego que sale del arma de uno de los policías que apuntó
contra Camilo, lo deja en el suelo, en medio de una calle que está ahora vacía.
El policía no se detiene a mirar a Camilo, da media vuelta, y acelera por una
de las cuadras contiguas a donde está el cadáver. Minutos más tarde se acercan
varias personas que salen de las casas más cercanas, lo miran, se atreven a
empujarlo con los pies, y de inmediato sacan celulares para llamar una
ambulancia, esta vez la policía no es necesario llamar a la policía.
¿Qué
pasó con Camilo?
¿Con quién denunciar
si quien cometió el crimen es quien recibe las denuncias? Y peor aún, ¿Cómo
decirles, “Sí, fueron ustedes”? Las pruebas que rodean el caso, son pocas, y
las personas que se atreven a dar testimonio, lo son menos aún. La policía se
limitó a hacer el levantamiento del cadáver, pero sin dictamen de medicina
legal, pronunciamiento de la Policía Nacional, ni ningún tipo de reconocimiento
por el crimen cometido por un miembro del ESMAD, los hechos permanecieron
silenciados. A pesar de los esfuerzos por denunciar, existen serios
inconvenientes frente al caso, por ejemplo, las indagaciones y evidencias
técnicas (reconocimientos fotográficos, pruebas de balística, etc.,) representan
una de las mayores limitaciones al momento de adelantar las demandas, pues se
realizan entre dos y tres años después de los hechos, por lo que arrojan
pruebas sin información útil. Además, se obstaculiza la individualización de
los actores materiales del homicidio, pues se encubre su responsabilidad bajo
el argumento de que hacían parte de un escuadrón de un grupo policial; es decir
que no hay un reconocimiento del delito
sino que se presenta como parte de un operativo policial.
Como se
registra en diarios como el Espectador,
el país o la nación, (así como también lo relatan familiares de las víctimas y
testigos de los hechos) el resultado de la acción policial fue de varias
personas asesinadas en distintas localidades; estas víctimas hacían parte tanto
de la movilización como de transeúntes que no estaban involucrados, durante el paro nacional agrario los
choques por parte de la Policía y el
ESMAD contra manifestantes -y transeúntes que no participaban de los mismos-, dejó 12 muertos, 485 heridos y 4 desaparecidos.
La evidencia
de los asesinatos cometidos por la fuerza pública que se encuentra en los
medios de comunicación, hace parte de las denuncias realizadas por personas y
grupos defensores de derechos humanos que hicieron un llamado de alerta frente
al abuso policial y las medias tomadas por las fuerzas armadas ante las
manifestaciones. Situación contraria es la que sucede con los heridos y
víctimas mortales a manos de civiles, en que son los medios de comunicación los
que se encargan de adelantar investigaciones y publicar artículos en que se
resalta el papel de la policía “como víctimas de ataques”, prueba de ello es el
caso de un conductor de bus que murió tras ser impactado en la cabeza con una
de las piedras que se lanzaban a los
vehículos que intentaban cruzar una calle en la que se realizaba una
movilización campesina y que fue registrado el 1º de septiembre de 2013 en las
páginas de El Espectador. Este caso es particular, pues sucede exactamente un
día después de los asesinatos cometidos en localidades de Bogotá, incluidos el
de Camilo, sin embargo, el cubrimiento no se compara ni en extensión ni en los
detalles que se exponen, mucho menos en las opiniones ofrecidas respecto al
suceso. Resaltan algunos elementos que permiten determinar las diferencias al
momento de exponer casos de violaciones de derechos humanos a manos de la
fuerza pública, en la que son varias las personas asesinadas, desaparecidas, y
detenidas arbitrariamente en comparación a casos de víctimas de manifestaciones
en las que la fuerza pública aparece restableciendo el orden, en este caso, en
las vías que representan uno de los temas que mayor reacción negativa generaron
por parte de la gente: la movilidad afectada por las manifestaciones.
En los medios se apela a una estrategia con dos elementos, primero, mostrar a los manifestantes como personas que continúan causando daños (en este caso una muerte) aún cuando ya se había llegado a un acuerdo con el presidente Juan Manuel Santos, y segundo, al valerse del malestar general frente al transporte diciendo que “Tras el ataque” (que en el encabezado se muestra en plural “nuevos disturbios”), “se suspendió el transporte interurbano entre Bogotá y Sogamoso”, como se registró en el diario El Espectador el 1º de septiembre de 2013. ¿Por qué si se tiene información de los homicidios en Bogotá no hay registro fotográfico alguno, ni siqueira de los barrios en donde ocurrieron los ‘cacerolazos’ como muestra de apoyo al paro, pero en el encabezado de este tipo de noticias, siempre aparece una fotografía –que para este caso muestra a 6 policías, en lo que parece un intento por retirar una piedra de un metro de alto aproximadamente que está en medio de la carretera, y en donde se ve un bus estacionado a la orilla de la calzada- resaltando especialmente el papel de la fuerza pública?
En los medios se apela a una estrategia con dos elementos, primero, mostrar a los manifestantes como personas que continúan causando daños (en este caso una muerte) aún cuando ya se había llegado a un acuerdo con el presidente Juan Manuel Santos, y segundo, al valerse del malestar general frente al transporte diciendo que “Tras el ataque” (que en el encabezado se muestra en plural “nuevos disturbios”), “se suspendió el transporte interurbano entre Bogotá y Sogamoso”, como se registró en el diario El Espectador el 1º de septiembre de 2013. ¿Por qué si se tiene información de los homicidios en Bogotá no hay registro fotográfico alguno, ni siqueira de los barrios en donde ocurrieron los ‘cacerolazos’ como muestra de apoyo al paro, pero en el encabezado de este tipo de noticias, siempre aparece una fotografía –que para este caso muestra a 6 policías, en lo que parece un intento por retirar una piedra de un metro de alto aproximadamente que está en medio de la carretera, y en donde se ve un bus estacionado a la orilla de la calzada- resaltando especialmente el papel de la fuerza pública?
El CINEP da luces
sobre el tipo de acciones que comete el ESMAD y de la forma como utilizan los
medios de comunicación, tanto para silenciar los crímenes, como ocurrió tanto con Camilo Salgado como con las demás personas
asesinadas durante los mismos días de las manifestaciones, sino también para
justificar sus acciones; su uso desmedido, indiscriminado e injustificado de la
fuerza. En su edición número 80 de cien
días: vistos por el CINEP se afirma que “El gobierno nacional desplegó una fuerte campaña
mediática con dos objetivos: en primer lugar, mostrar al ESMAD como víctima de
los manifestantes y, en segundo lugar, justificar la represión”.
Se
enumeran víctimas, no se señalan victimarios
Existen
elementos comunes en las noticias publicadas que se refieren a la situación que
precedió la muerte de Salgado, primero, el énfasis que se da a los hechos
catalogados como “desmanes”, “refriegas”, “actos de vandalismo”, “disturbios”,
“alteraciones del orden público”. Con lo cual, primero, se ofrece una
vinculación de la víctima con la turba, lo cual, como hemos visto, es falso;
sin duda los diversos saqueos al comercio y
posteriores daños a propiedades justifican la reacción de la policía
haciendo presencia en el lugar y protegiendo las propiedades, pero lo relevante
del caso es que el lugar en que se disparó a Camilo Salgado no había ningún
establecimiento atacado, de hecho, hace parte de un ‘límite’ entre la zona
comercial del barrio y la salida principal, es decir, no se llevaron a cabo
dentro del mismo espacio.
Es importante
resaltar la forma como se registró en los medios de comunicación tales como la
prensa escrita, el asesinato de Camilo
Salgado entre los días 29 y 30 de Agosto de 2013, y comprender el contenido, en
búsqueda siempre de una explicación de las acciones que precedieron su muerte o
que peor aún, las motivaron, sin embargo en la noche de los hechos, no hubo
presencia alguna de medios de comunicación: toda la información que ofrecen es
de segunda mano y en la mayoría de casos, tomada de miembros de la Policía, es
decir, información ofrecida por los perpetradores del homicidio.
Lo
que queda de las explicaciones sobre la muerte de Camilo
Los medios de
comunicación privilegiados aparecían las cifras de heridos y asesinados luego
de ser dispersadas las manifestaciones por la fuerza pública ¿Pero por qué
fueron asesinados? ¿Quién y cómo lo hizo? Todo lo que ocurrió quedó en la
penumbra, y dos años después, aún parece seguirlo. Televisión, prensa y radio,
claves por su masividad en el cubrimiento y facilidad en el acceso, contaron
con la capacidad privilegiada de ser los primeros y más consultados por el
público, que por la magnitud de los hechos y la prolongada situación de alerta
frente al paro, estuvo atento a las noticias y la información que allí se
ofrecía. Pero el escándalo no lo hicieron las personas asesinadas por la
policía sin justificación alguna, sino los trancones y los vidrios rotos.
El caso de Salgado fue
catalogado desde el momento de la demanda en la URI como un hecho aislado, e
incluso, en medio de la polémica sobre las actuaciones de la fuerza pública en
que se incurre en abuso de la autoridad, en diario El País el 29 Agosto de 2013,
el senador Efraín Cepeda afirmó que aunque es necesario investigar si existen
casos de abuso de autoridad: “eso no quiere decir que vamos a someter a la
Fuerza Pública a la picota pública, pues nosotros creemos en su transparencia y
sabemos que se trata de hechos aislados”.
¿Qué implica hablar de ‘hechos aislados’? Además de no prestarle la atención
necesaria, queda limitada una ruta de investigación individualizada como
víctima pero no individualizada como victimario.
Aún cuando existen
artículos de prensa en que se registran denuncias y procedimientos legales por
parte de organismos defensores de la población civil, como por ONG, de las
cuales se destaca la realizada ante la procuraduría general de la nación
realizada por los abogados Jorge Molano y Germán Romero y publicada en el
diario El Espectador el 30 de
Agosto de 2013, en que se pide “se investigue
al ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón; el director general de
la Policía Nacional, general Rodolfo Palomino y el director del Escuadrón Móvil
Antidisturbios, coronel Rafael Méndez por el abuso de autoridad de la Fuerza
Pública en contra de los manifestantes en el marco del paro agrario”.
Las dificultades para
lograr una divulgación pública, no siempre han sido infranqueables, así lo
demuestran investigaciones de largo aliento en departamentos como Boyacá donde
se contó con la presencia de una Misión de Verificación (ad hoc) de Derechos
Humanos, que entre uno de sus resultados, ofrecería un informe publicado en la
página web del Grupo Nizkor donde se muestra todo la investigación y
seguimiento a los atropellos realizados por parte del ESMAD y la Fuerza
Disponible de la Policía. Es así como las denuncias son resultado de la
solidaridad de familiares de las víctimas, grupos defensores de derechos
humanos, y demás ciudadanos comprometidos con las personas que, además de haber
sufrido atropellos por parte de instituciones del Estado Colombiano, son
silenciados en los medios de comunicación y de opinión pública.
El asesinato
de Camilo ocurrió en horas de la noche, y en medio de la noche, quedó ocultado.
“-¿Qué dice en el periódico sobre Camilo? –Nada, no dice nada”. Durante meses
se repitieron estas palabras en la familia Salgado, hasta que la impotencia y
el dolor terminaron por silenciarles; hoy no se toca el tema: es más, ya casi
de nada se habla en esa casa.
Luego de ser
contrastadas con las noticias, tanto las declaraciones de los testigos del
crimen de Camilo, la de las demás víctimas, son evidentes los silencios cometidos
y que resultar ser más repudiables que los disparos indiscriminados de los
policías, pues sentenciaron al silencio y el olvido, los crímenes que afectaron
a familias como la Salgado, y una de las violaciones de los derechos humanos de
las que usted o yo, pudimos haber sido víctimas.
[1] Afirmación de un policía en las instalaciones de una URI de Bogotá sobre
las denuncias de delitos cometidos por la policía. Tomado del documento “Noche
y niebla” del CINEP. Disponible en: http://www.nocheyniebla.org/files/u1/48/Niebla48.pdf
(Julio-Diciembre de 2013, edición No. 48)
Comentarios
Publicar un comentario