FAVORABLE PRONUNCIAMIENTO DE LA CORTE CONSTITUCIONAL SOBRE EL ESQUEMA DE ASEO IMPLEMENTADO POR LA ALCALDÍA DE LA BOGOTÁ HUMANA.
Foto: Abel Cárdenas/ EL TIEMPO |
La Corte declaró que el Distrito ha avanzado en el cumplimiento de las órdenes impartidas por el alto tribunal para la inclusión de los recicladores en el modelo de aseo. La Corte Constitucional le dio un ultimátum a la Comisión Reguladora de Agua Potable (CRA), para que en 72 horas envíe a este alto tribunal el reporte sobre el marco tarifario del servicio de aseo discutido para Bogotá y sobre por qué no acepta la propuesta presentada por la Administración sobre este asunto.
Al mismo tiempo, la Corte declaró que el Distrito ha avanzado en el cumplimiento de las órdenes impartidas por el alto tribunal para la inclusión de los recicladores en el modelo de aseo, pero llamó la atención sobre el hecho de que la alta rotación de directivos en la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) no ha permitido que el proceso tenga un mejor manejo.
Estos pronunciamientos están contenidos en el auto 366 emitido por la Sala Tercera de revisión del alto tribunal, con ponencia del magistrado Luis Guillermo Guerrero, por el cual declaró improcedente una nueva acción de incumplimiento que interpuso la directora de la Asociación de Recicladores de Bogotá (ARB), Nohra Padilla, contra medidas adelantadas por la Uaesp para vincular a los recicladores en el esquema de aseo.
Es la primera vez que la Corte se pronuncia en extenso sobre el esquema de aseo dispuesto por el alcalde Gustavo Petro, desde diciembre del 2012, y no solo hace una valoración preliminar del desarrollo de este proceso, sino que les da un 'tirón de orejas' a la Procuraduría, CRA, Uaesp y Superintendencia de Industria y Comercio (Sic), por algunas de sus actuaciones.
En primer lugar, el alto tribunal cuestionó el hecho de que pese a haber exhortado a la CRA a que expidiera el nuevo marco tarifario del servicio de aseo, teniendo en cuenta el aprovechamiento y la remuneración de los recicladores, dos años después aún no lo haya expedido. Por el contrario, observó que entre la Comisión y la Uaesp hay una "confrontación conceptual" sobre el tema.
Por ello, la Corte le pidió a la CRA que remita las respuestas dadas a la Uaesp sobre el citado marco tarifario y por qué considera "descacertado" lo que expone el Distrito.
En cuanto al modelo de aseo, el alto tribunal insistió en que la "formulación y regulación de una población que vive en la economía informal -pero que presta un servicio de relevancia ambiental- requiere tiempo y esfuerzos mancomunados (...)", y, por otro lado, dijo que no observa, "en este momento, omisiones que conlleven el incumplimiento" de las órdenes impartidas por la Corte, en cuanto a la inclusión de los recicladores en el nuevo modelo. "En términos generales, se fijaron parámetros mínimos para una política pública, que reconozaca el valor de trabajo de los recicladores, que los saque de la pobreza como empresarios y que cuide el ambiente. Sin duda, la Corte comprendió que se trataba de actuaciones paulatinas y que era imposible ayudar a todos inmediatamente", consignó el auto. Sobre los informes de la Procuraduría, que por orden de la Corte debe hacerle un seguimiento al plan de inclusión de los recicladores, este tribunal manifestó que no solo debe mirar las deficiencias, sino también analizar más a fondo por qué no se cumplen los objetivos trazados en el nuevo esquema.
Por ejemplo,cómo funcionan las 200 bodegas de pesaje que hay, por qué no se han podido consolidar las organizaciones de recicladores de oficio (ORA) y el origen de los recursos con los que se están pagando a los recicladores. En síntesis, le indicó que debe ir más alla de hacer un seguimiento y "valorar integralmente la política pública de Basura Cero".
En cuanto a la Superintendencia de Industria y Comercio, que sancionó al alcalde, Gustavo Petro, a gerentes del Acueducto de Bogotá y Aguas de Bogotá y a varias empresas distritales por presunta violación del régimen de libre competencia en el servicio de aseo y les ordenó "desmontar" el esquema, la Corte Constitucional advirtió que "el cumplimiento de tal orden no puede implicar o conllevar, por ningún motivo, el desconocimiento de los derechos de los sujetos de protección (recicladores) ni la
eliminación de las acciones afirmativas a las que tienen derecho".
REDACCIÓN BOGOTÁ
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