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| Imagen tomada de Internet |
La Plenaria del Concejo de Bogotá se encargó hoy del debate de por qué se están vulnerando los derechos de los jóvenes bogotanos cuando son retenidos mientras son trasladados a distritos militares, para definir su situación militar por parte del Ejército Nacional.
Durante el debate se denunció 11 tipos de violaciones que se están cometiendo en Bogotá, en el proceso de Reclutamiento Militar en torno al servicio militar obligatorio.
“Esto evidencia el desconocimiento de la Ley 48 de 1993, 1577 de 2012, 1184 de 2008por parte de los agentes y autoridades de reclutamiento, que no aplican el debido proceso en estos casos”, denunció el Concejal Antonio Sanguino de la Alianza Verde y quien coordina la Comisión Accidental sobre Reclutamiento Militar que desde abril pasado viene trabajando en la elaboración de un Informe Especial que será entregado en los próximos meses.
De acuerdo con el concejal entre 2012, 2013 y lo corrido de 2014 se denunciaron oficialmente haber sido retenidos ilegalmente, es decir, detenciones arbitrarias, 349 jóvenes en sectores populares de la ciudad, que son traslados a otras partes del país. De esas, de 2012 a la fecha, se dieron en la localidad de Usme, Kennedy, Rafael Uribe, Bosa, Ciudad Bolívar y Puente Aranda.
El Cabildante de la Alianza Verde afirmó en el debate que las irregularidades más comunes que están cometiendo las autoridades de reclutamiento en Bogotá van desde el desconocimiento de las sentencias de la Corte Constitucional, C/87, la cual determina que las batidas militares son detenciones arbitrarias con fines de reclutamiento; transporte de jóvenes en buses intermunicipales por parte de los militares vestidos de civil e incumplimiento de las causales de inhabilidad para prestar servicio militar.
Así mismo, la retención ilegal del documento de identidad, detenciones arbitrarias y posterior reclutamiento forzado, justificados en la acción de compeler, entre otras.
El Concejal Antonio Sanguino documento varios casos de jóvenes que fueron objeto de detenciones arbitrarias en diferentes sitios de la ciudad por parte del Ejército Nacional. “Esta guerra la siguen librando los pobres, pues los reclutados provienen en un 98% de los estratos 0 al 3”, reafirmó Antonio Sanguino.
Objeción de conciencia
Por su parte, el Concejal Roberto Saenz de la Alianza Verde llamo la atención sobre laSentencia T-774 de 2013 de la Corte Constitucional que advierte al Ejército Nacional que en lo sucesivo se abstenga de reclutar e incorporar para efectos de la prestación del servicio militar obligatorio, a todas aquellas personas que al momento de definir su situación militar se encuentren inmersas en un proceso educativo de formación y capacitación en una profesión u oficio de cualquier naturaleza, independientemente de su modalidad o de la institución donde los realice, siempre y cuando aquella esté debidamente reconocida…”
Sin embargo, para el cabildante esta decisión no la están cumpliendo las autoridades en el proceso de Reclutamiento Militar en torno al servicio militar obligatorio y las batidas que frecuentemente se realizan en Bogotá, lo que infringe la Ley y la jurisprudencia constitucional.
Iniciativa popular
Por su parte el Concejal Álvaro Argote manifestó que en compañía de Organizaciones de derechos humanos, organizaciones sociales, políticas y civiles buscará la recolección de firmas para presentar una iniciativa popular legislativa y normativa en el Congreso de la República, en el marco de la Ley 134 de 1994 - Artículo 2, con el fin de eliminar el servicio militar y generar la alternativa de un servicio social.
Así mismo solicitó que se consolide desde la Administración Distrital el esfuerzo que venía haciendo la Secretaria de Gobierno a través de la Dirección de Derechos Humanos para hacer también una mesa de seguimiento a este proceso de aplicación de la Sentencia C-879 de 2011 de la Corte Constitucional, a los mecanismos de transparencia y al cumplimiento de los requisitos previstos en la ley.
“Y para no golpear la confianza social de las y los ciudadanos en la Institución. Toda retención regular e irregular que se haga debe ser informada de manera transparente y pública, que se diga públicamente quienes han sido “compelidos” y donde están ubicados”, pidió Argote.
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