Por: Julio Pulido (Poder Ciudadano)
En carta enviada al Ministro de Defensa, Juan Carlos
Pinzón, el Director de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW),
José Miguel Vivanco, expresa como preocupante la que él expone como “inminente
aprobación del proyecto de reforma al sistema de justicia militar que presentó
al Congreso en septiembre de 2013”.
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| Imagen tomada de Internet |
El proyecto de ley número 85 de 2013 presentado por el
Ministerio de Defensa busca reestructurar la justicia penal militar y
policial, establecer requisitos para el desempeño de sus cargos, implementar su
Fiscalía General Penal Militar y Policial, organizar su cuerpo técnico de
investigación, señalar disposiciones sobre competencia para el tránsito al
Sistema Penal Acusatorio y garantizar su plena operatividad en la
jurisdicción especializada.
Para Vivanco el proyecto “estipula que la justicia penal
militar investigaría a militares acusados de interceptaciones ilegales, tráfico
ilegal de armas, y concierto para delinquir (colaboración con paramilitares o
BACRIM) con fines de tortura, desaparición forzada y narcotráfico, entre otros
delitos, lo cual prácticamente aseguraría su impunidad”.
El proyecto de ley asigna en forma expresa a los
tribunales militares los delitos por los cuales la Fiscalía impulsa actualmente
los procesos de falsos positivos: homicidio agravado, homicidio en persona
protegida y homicidio. Lo que lo hace un proyecto de ley que promueve la
remisión de causas de la justicia ordinaria a la justicia penal militar.
El director de la División de las Américas de HRW recuerda
que en octubre de 2013, la Corte Constitucional anuló por vicios de
procedimiento una enmienda constitucional de alcance similar al proyecto que
hoy se encuentra a punto de ser aprobado.
La ampliación del sistema de justicia militar a
violaciones de derechos humanos y del DIH que prevé el proyecto de ley no solo
contraviene reiterados pronunciamientos de la Corte Constitucional de Colombia
y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino que se aparta de las
condiciones en materia de derechos humanos estipuladas por el Congreso de los
Estados Unidos para autorizar la asistencia militar a Colombia.
En la extensa carta, José Miguel Vivanco pide al Ministro
Pinzón retirar el proyecto de ley de reforma al sistema de justicia penal
militar por considerarlo “absolutamente injustificado”. Vivanco advierte que la
historia demuestra que cuando las investigaciones de violaciones de los DD. HH
quedan en manos de la jurisdicción militar, el resultado ha sido casi sin
excepción la impunidad.
De ser aprobado el proyecto podría generarle serias
consecuencias a Colombia frente a la Corte Penal Internacional, el Sistema
Interamericano de Derechos Humanos y EE.UU. Ahora el futuro del proyecto está
en manos del Senado en donde ya ha superado
dos de los cuatro debates parlamentarios requeridos.
La carta de director de la División de las Américas de
Human Rights Watch se conoce en el momento en que el tribunal de Norte de
Santander condena a la nación en uno de los casos de los jóvenes de Soacha
secuestrados y asesinados por militares para hacerlos pasar como guerrilleros
abatidos.
@ignotolegris
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