En una decisión sin precedentes en la historia de Colombia, la procuraduría una vez más desconoce la comisión interamericana de derechos humanos, destituyendo e inhabilitando al alcalde de Bogotá.
Como un caso y golpe a la democracia fue llamado el accionar del procurador que amparado en el Ministerio público no respeto el voto de miles de personas que se manifestaron en la plaza de Bolívar.
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