Tensiones en la Universidad Pedagógica Nacional: Infraestructura, seguridad y modelos académicos en el centro del debate
El debate sobre la infraestructura universitaria
Uno de los puntos álgidos ha sido la compra y adecuación del edificio conocido como CISA, ubicado en la Calle 72 No. 12-77. Según el exrector Atehortúa, la adquisición de este inmueble fue gestionada directamente por el Ministerio de Educación Nacional, con un costo aproximado de $13.315 millones, mientras que la universidad solo asumió los costos notariales y de registro por $264 millones. Sin embargo, el debate no se centra únicamente en la compra, sino en los costos de adecuación, que inicialmente fueron proyectados en $11.100 millones. Atehortúa argumenta que su administración redujo el gasto a $2.525 millones, evitando una extralimitación presupuestal.
Por su parte, el informe de la representación profesoral pone en cuestión la transparencia en el manejo de estos recursos y la pertinencia de las inversiones en infraestructura, señalando que la falta de continuidad en las administraciones ha dificultado la evaluación y el seguimiento de estos procesos. Además, se plantea la necesidad de destinar más recursos a la adecuación de espacios académicos que permitan mejorar las condiciones de trabajo de estudiantes y docentes, especialmente aquellos con contratación ocasional o de cátedra.
Preocupaciones sobre seguridad y convivencia en el campus
Otro tema central es la seguridad en la sede de la Calle 72, donde, según denuncias de docentes, se han registrado situaciones de riesgo extremo. En los últimos meses, se han activado artefactos explosivos dentro del campus, específicamente en el tercer piso del edificio B, donde operan laboratorios con reactivos químicos. Estas acciones, atribuidas a encapuchados, han generado una profunda preocupación sobre la convivencia y el bienestar de la comunidad universitaria.
La representación profesoral ha insistido en la necesidad de abordar la seguridad de manera estructural, promoviendo iniciativas que permitan mejorar la habitabilidad del campus y reforzar la convivencia entre los distintos actores de la comunidad educativa. También han señalado la creciente problemática de la ocupación del espacio público dentro de la universidad y las dificultades que esto conlleva para la movilidad y seguridad dentro de la institución.
Flexibilización de los programas académicos: un modelo aún en disputa
El modelo académico de la UPN también ha sido objeto de debate. Mientras que la representación profesoral ha señalado la rigidez de los programas de posgrado, argumentando que la oferta sigue centrada en la presencialidad, algunos docentes han respondido con ejemplos de programas que ya han implementado estrategias de mediación virtual.
El profesor Édgar Orlay Valbuena Ussa destacó que la Maestría en Estudios Contemporáneos en Enseñanza de la Biología ya cuenta con un formato a distancia con mediación virtual, lo que demuestra que es posible flexibilizar la oferta académica sin perder calidad. Esto pone sobre la mesa la necesidad de ampliar la discusión sobre modelos híbridos o virtuales que permitan a la UPN proyectarse a nivel nacional sin que esto represente un detrimento en la calidad educativa.
Retos para la administración universitaria
En medio de este complejo panorama, la administración actual encabezada por el rector Helberth Choachí enfrenta el reto de dar continuidad a las políticas de infraestructura, fortalecer la seguridad en el campus y definir estrategias claras para la modernización del modelo académico. La comunidad universitaria, a través de sus distintos sectores, sigue exigiendo respuestas claras y soluciones que garanticen la estabilidad y el desarrollo de la UPN como institución de referencia en la formación de docentes en Colombia.
El futuro de la Universidad Pedagógica Nacional depende de la articulación entre estudiantes, profesores y directivas para construir soluciones que realmente respondan a las necesidades de la comunidad educativa. Es crucial que tanto los docentes como el estudiantado participen activamente en los espacios de discusión, exijan transparencia en las decisiones administrativas y propongan estrategias viables para mejorar la infraestructura, la seguridad y la calidad académica. La educación pública enfrenta grandes retos, y solo a través del compromiso colectivo se podrán generar los cambios necesarios para garantizar una universidad más segura, incluyente y con un modelo educativo acorde a las exigencias contemporáneas.
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